Fiscal de la CPI rechaza aplazar investigación sobre Venezuela

Fiscal de la CPI rechaza aplazar investigación sobre Venezuela y afirma que hubo ataques contra la población

VicVennoticias.- #1Abr La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó cada uno de los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que pretendían negar que en Venezuela se cometieron delitos y ataques sistemáticos contra la población civil. «Carecen de fundamento», respondió el fiscal Karim Khan a través de un documento publicado el 30 de marzo de 2023. 

Agregó que las objeciones del gobierno a que se reanude la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país no se justifican, malinterpretan varios elementos y no presentan evidencia o información concreta. 

«La Fiscalía concluyó que había una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del gobierno venezolano fueron supuestamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual (incluida la violación)», señaló Khan. 

El fiscal afirmó que la comisión múltiple de estos actos constituyen «…un ataque contra una población civil en cumplimiento o en apoyo de una política de Estado«.

También indicó que las autoridades venezolanas no han llevado a cabo las investigaciones o los procesos requeridos para enjuiciar a los responsables. Tampoco proporcionaron información sobre el perpetrador o grupos de perpetradores involucrados en los casos presentados.

Los argumentos del gobierno

El fiscal de la CPI señaló en el documento que desestima todos los motivos presentados por el gobierno de Maduro que cuestionan la gravedad de la situación en el país y la reanudación de la investigación:

«La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna disposición legal autoriza a un Estado a cuestionar la gravedad en esta etapa del procedimiento», puntualizó. 

En su intento por impugnar, el gobierno venezolano argumentó a finales de 2022 que los crímenes no se cometieron dentro de su jurisdicción y que solo ocurrieron incidentes aislados de abuso. Aseguró igualmente que los cuerpos de seguridad, señalados por las víctimas como los principales perpetradores, tenían como objetivo «restaurar el orden después de manifestaciones violentas». 

También alegó que las cifras presentadas por la fiscalía de la CPI no son representativas y que la mayoría de los abusos no ocurrieron en un contexto de «custodia» o «control». Además, agregó que hay delitos que no están contemplados en la legislación venezolana. 

«La Fiscalía sostiene respetuosamente que las observaciones del gobierno de Venezuela no aplican correctamente los elementos de los delitos y además subraya que la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía», indica Khan. 

El fiscal de la CPI responde al gobierno

Frente a los alegatos del gobierno de Maduro, el fiscal de la CPI respondió lo siguiente:

1-  Los delitos fueron graves y no aislados. Actos de violencia, como palizas, asfixia, ahogamientos y descargas eléctricas son solo algunos de los crímenes que denuncian las víctimas en Venezuela.

«En la situación actual, la Fiscalía concluyó que los casos potenciales identificados son de suficiente gravedad para justificar una nueva acción por parte de la Corte, a la luz de los aspectos tanto cuantitativos como consideraciones cualitativas, incluida la escala, la naturaleza, la forma de comisión y el impacto», advirtió Khan. 

Añadió que el argumento del gobierno venezolano que busca restar gravedad a los delitos, solo refleja que las autoridades no están investigando ni enjuiciando los presuntos responsables en el territorio nacional.

2- Violencia sexual y trato cruel no es lo mismo. El fiscal advirtió que los delitos de violencia sexual los investiga el gobierno de Venezuela como trato cruel, lo que es un error porque son crímenes que tienen elementos constitutivos distintos.

Aunque el gobierno alude que se están «llevando a cabo investigaciones», esta malinterpretación de términos puede traer como consecuencia que no se aborden «necesariamente todos los mismos hechos» ni se refleje daño diferenciable sufrido por una víctima de violencia sexual. 

3- Que en Venezuela no exista el delito de persecución no es una excusa para no investigarlo. Debido a que en el país no hay ninguna ley que sancione o contemple la persecución como un crimen, el gobierno de Maduro asegura que se han generado dudas o «incertidumbre» a la hora de abordar el tema. 

No obstante, el fiscal respondió que, a pesar que las leyes nacionales no la contemplen, la definición de persecución como un crimen está claramente establecida en el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional adoptado en 1998 en Italia. 

Además, la persecución es reconocida como un delito desde 1945 en los Estatutos del Tribunal Militar Internacional y del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que la Asamblea General de las Naciones Unidas «… consideró por unanimidad que reflejaban los principios generales del derecho internacional».

4- La tortura no ocurre solo cuando la víctima está retenida. El gobierno venezolano señaló que los supuestos casos de tortura no se llevaron a cabo en situaciones de «custodia» de organismos del Estado.

No obstante, la fiscalía de la CPI expresó que el delito tiene una definición más amplia, que no se registra solamente en centros de detención y que pueden cometer particulares o grupos, tales como los colectivos.

Fuente: Efecto Cocuyo