Pedro Castillo: la Fiscalía de Perú presenta una denuncia constitucional contra el presidente y lo acusa de liderar una organización criminal
La
Fiscalía de Perú presentó este martes una denuncia constitucional
contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una
organización criminal
VicVennoticias.- #14Oct "Hoy presentamos ante el Congreso de
la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro
Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta
organización criminal", anunció la fiscal de la Nación, Patricia
Benavides, en una comparecencia en Lima.
El Ministerio Público también acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tres casos diferentes.
La
denuncia, que también cobija a los exministros de Transportes y
Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, "se sustenta en
el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por
nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las
licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades
presidenciales", indicó la Fiscalía en Twitter.
En una
primera reacción en un acto con público en el Palacio de Gobierno,
Castillo dijo que está dispuesto a "entregar la vida" y a que su "sangre
corra por la calle en beneficio del pueblo", informa desde Lima
Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Perú.
Posteriormente,
en una rueda de prensa con periodistas extranjeros, Castillo denunció
que estamos ante "una nueva modalidad de golpe de Estado".
Actualmente
Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones
fiscales, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país
sudamericano, por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones
de obras públicas de forma fraudulenta.
Un proceso a prueba de inmunidad
En
Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que
tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.
De
ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un
procedimiento especial que se aplica en exclusiva a altos funcionarios
del estado y aforados (como el presidente de la República y
congresistas).
La denuncia constitucional permite determinar
si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre
ellos abuso de autoridad o corrupción, según explicó la Fiscalía,
mientras el gobierno asegura que la iniciativa va contra la
Constitución.
Una vez formulada la acusación por esta vía, lo
analiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que
abrirá una investigación y elaborará un informe y luego se convocará al
acusado a que presente su defensa ante el Congreso, en este caso el
presidente Castillo, al denunciante, la Fiscalía y también peritos y
testigos.
Se emite un informe que será sometido a votación y para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas.
De
resultar aprobado en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular
una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Según expertos, es la primera vez que la figura de la demanda constitucional se utiliza en el país.
Castillo
ha defendido su inocencia y la de sus allegados, y atribuye las
investigaciones a una conspiración para quitarle el poder.
Arrestos y allanamientos
La
denuncia constitucional al presidente peruano llega horas después de
que la Fiscalía arrestara de forma preliminar a un empresario cercano al
mandatario y cuatro de sus exasesores por su supuesta involucración en
el caso.
Además, el Ministerio Público, con el apoyo de un
grupo especial de la policía, allanó la vivienda de una hermana de
Castillo y las oficinas y residencias de seis parlamentarios del partido
centrista Acción Popular (AP).
Apodados
"Los Niños" por medios locales y la oposición, estos congresistas han
sido señalados por supuestamente organizar actividades ilícitas con el
presidente a cambio de respaldar al gobierno con sus votos.
Un paso más contra un presidente acorralado
La
decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de acusar
formalmente al presidente Pedro Castillo supone un paso más en un cerco
judicial por presuntas prácticas corruptas que amenaza su permanencia en
el cargo para el que fue elegido hace poco más de un año.
El
mandatario ya ha sobrevivido a dos intentos de vacancia y sus rivales
en el Congreso se encuentran con una nueva oportunidad de librarse de un
gobernante que no se parece a ninguno de los anteriores y al que nunca
han tolerado.
Acosado por los expedientes judiciales,
Castillo reitera su voluntad de resistir, lo mismo que ha hecho desde
que llegó a la presidencia.
Resulta difícil pronosticar si
este nuevo intento tendrá un desenlace diferente, pero a estas alturas
ha quedado claro que, tanto como ante una batalla judicial, estamos ante
una por el poder.
La
Fiscalía de Perú presentó este martes una denuncia constitucional
contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una
organización criminal.
"Hoy presentamos ante el Congreso de
la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro
Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta
organización criminal", anunció la fiscal de la Nación, Patricia
Benavides, en una comparecencia en Lima.
El Ministerio Público también acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tres casos diferentes.
La
denuncia, que también cobija a los exministros de Transportes y
Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, "se sustenta en
el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por
nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las
licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades
presidenciales", indicó la Fiscalía en Twitter.
En una
primera reacción en un acto con público en el Palacio de Gobierno,
Castillo dijo que está dispuesto a "entregar la vida" y a que su "sangre
corra por la calle en beneficio del pueblo", informa desde Lima
Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Perú.
Posteriormente,
en una rueda de prensa con periodistas extranjeros, Castillo denunció
que estamos ante "una nueva modalidad de golpe de Estado".
Actualmente
Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones
fiscales, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país
sudamericano, por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones
de obras públicas de forma fraudulenta.
Un proceso a prueba de inmunidad
En
Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que
tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.
De
ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un
procedimiento especial que se aplica en exclusiva a altos funcionarios
del estado y aforados (como el presidente de la República y
congresistas).
La denuncia constitucional permite determinar
si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre
ellos abuso de autoridad o corrupción, según explicó la Fiscalía,
mientras el gobierno asegura que la iniciativa va contra la
Constitución.
Una vez formulada la acusación por esta vía, lo
analiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que
abrirá una investigación y elaborará un informe y luego se convocará al
acusado a que presente su defensa ante el Congreso, en este caso el
presidente Castillo, al denunciante, la Fiscalía y también peritos y
testigos.
Se emite un informe que será sometido a votación y para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas.
De
resultar aprobado en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular
una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Según expertos, es la primera vez que la figura de la demanda constitucional se utiliza en el país.
Castillo
ha defendido su inocencia y la de sus allegados, y atribuye las
investigaciones a una conspiración para quitarle el poder.
Arrestos y allanamientos
La
denuncia constitucional al presidente peruano llega horas después de
que la Fiscalía arrestara de forma preliminar a un empresario cercano al
mandatario y cuatro de sus exasesores por su supuesta involucración en
el caso.
Además, el Ministerio Público, con el apoyo de un
grupo especial de la policía, allanó la vivienda de una hermana de
Castillo y las oficinas y residencias de seis parlamentarios del partido
centrista Acción Popular (AP).
Apodados
"Los Niños" por medios locales y la oposición, estos congresistas han
sido señalados por supuestamente organizar actividades ilícitas con el
presidente a cambio de respaldar al gobierno con sus votos.
Un paso más contra un presidente acorralado
La
decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de acusar
formalmente al presidente Pedro Castillo supone un paso más en un cerco
judicial por presuntas prácticas corruptas que amenaza su permanencia en
el cargo para el que fue elegido hace poco más de un año.
El
mandatario ya ha sobrevivido a dos intentos de vacancia y sus rivales
en el Congreso se encuentran con una nueva oportunidad de librarse de un
gobernante que no se parece a ninguno de los anteriores y al que nunca
han tolerado.
Acosado por los expedientes judiciales,
Castillo reitera su voluntad de resistir, lo mismo que ha hecho desde
que llegó a la presidencia.
Resulta difícil pronosticar si
este nuevo intento tendrá un desenlace diferente, pero a estas alturas
ha quedado claro que, tanto como ante una batalla judicial, estamos ante
una por el poder.
Fuente: BBC News Mundo
Foto: Getty Imagen Cortesía
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